“Consideramos de todo punto inaceptable imponer trabas y más trabas al vecindario a la hora de que puedan formular sus ruegos o preguntas a quienes tienen la obligación de atender sus demandas y necesidades. Y es de una rigidez extrema impedir -por cuestiones de forma sobrevenidas- que se formulen preguntas por parte de un colectivo que no tiene más objetivo que velar por la calidad de la educación pública de nuestro municipio”. Así se han expresado representantes de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda después de que en el Pleno municipal del pasado jueves 27 de junio, en el turno de preguntas del público, la alcaldesa de Majadahonda comunicase que no daría la palabra a la portavoz de la Plataforma porque sus preguntas se habían registrado fuera de plazo.
“Lo que no dijo es que esa circunstancia se debió a que el sistema de registro telemático no estaba operativo el día anterior al Pleno. Tampoco dijo que, a pesar de ello, se registraron las preguntas solo unos minutos después del plazo impuesto arbitrariamente por este equipo de gobierno para que la ciudadanía pueda dirigirse a sus representantes al finalizar las sesiones plenarias de cada mes”, se quejan desde la Plataforma, desde la que esperan y desean que “la Sra alcaldesa tenga a bien responder en algún momento a las preguntas que le hemos trasladado en nombre de la comunidad educativa local”.
Preguntas que recogen la gran preocupación de dicha comunidad educativa “por el lamentable estado de nuestros colegios públicos, cuyo mantenimiento es una obligación del Ayuntamiento, según exige la legislación vigente”, añaden los denunciantes, quienes asimismo quieren conocer, y así lo recogía otra de sus preguntas, “cómo están funcionando los programas del gabinete municipal de atención psicopedagógica, cuya función es acompañar tanto a los docentes como a las familias en sus dificultades”.
“Pedimos por último que se facilite mucho más la participación ciudadana en los plenos municipales, evitando rígidas reglas que limitan, cuando no impiden directamente, una participación directa de la ciudadanía en los asuntos de su incumbencia, como recoge la Constitución española en su artículo 23.1”, concluyen las citadas fuentes.
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